El Gobierno del Estado está obligado a hacer el reemplacamiento, ya que las láminas que actualmente portan los vehículos actualizados, perdieron vigencia el pasado mes de junio, por lo que el gobernador Salvador Jara Guerrero, valora el dejar iniciado este proceso antes de que concluya su gestión para que la entidad no caiga en incumplimiento, aseveró el secretario de Finanzas y Administración, Miguel López Miranda.

En conferencia de prensa acompañado del secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Manuel Magaña García, el responsable de las arcas del estado apuntó que para iniciar este procedimiento administrativo, no se requiere del aval del Congreso del estado, toda vez que el acuerdo administrativo de canje de placas se contempló en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso, donde cita que el reemplacamiento debió iniciar en el mes de junio.

López Miranda enfatizó que si bien se estima lograr una recaudación aproximada de mil 300 millones de pesos con este reemplacamiento, el obtener ingresos no es la principal motivación, puesto que el impacto de la cobranza por el concepto antes citado, se vería reflejado hasta finales de año y principios del ejercicio fiscal 2016.

El principal objetivo, dijo, es abonar a la seguridad al dar certidumbre a los propietarios de los vehículos, así como cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, que establece que en las entidades federativas y el Distrito Federal las matrículas vehiculares tienen una vigencia de tres años, pues de lo contrario, se pone al estado en situación de incumplimiento.

Respecto a lo anterior, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña, apuntó que el reemplacamiento permitirá coadyuvar en las intervenciones y estrategias policiales, así como de procuración de justicia, debido a que en un número de los ilícitos que se cometen, están involucradas unidades que no cuentan con su documentación actualizada o vigente, además de no tener comprobada la identificación y obtención de la procedencia, así como la residencia de los mismos.

Reconoció que hay en circulación vehículos con un atraso en su registro del padrón vehicular, muchos de los cuales -entre otras cosas-, no cuentan con los nombres de los propietarios o no corresponden con los datos de identificación de la unidad registrada, lo que implica un factor de riesgo, ya que ante la presencia de un hecho ilícito o cualquier incidente, esto complica la identificación del mismo.

Informó que el padrón vehicular de la entidad es de 2 millones 13 mil 803 unidades, de las cuales alrededor de 400 mil vehículos ya no tienen ninguna actividad, es decir, son chatarra o fueron comercializados y/o reemplacados en otras entidades.

Aunado a lo anterior, del más de un millón 400 mil vehículos restantes del padrón antes citado, cerca de 500 mil automotores no circulan con matrículas vigentes, es decir, no cuentan con su documentación actualizada.

Destacó que los mil 234 vehículos propiedad de la SSP y los casi 2 mil 400 vehículos de los municipios en materia de seguridad, no están exentos del trámite ni condonados.

Abundó que la creciente adquisición de motocicletas y motonetas, muchas de las cuales no están registradas como lo exige el reglamento de tránsito, representa también un problema al generar un acto de ilegalidad, además de que se sabe que muchos utilizan este tipo de transporte para cometer delitos.

Por todo lo anterior, es que el titular de la SSP consideró necesario el reemplacamiento para dar certeza jurídica de la propiedad del vehículo.

También destacó que las placas, en cumplimiento a la NOM-001-SCT-2-2000, contarán con tres medidas de seguridad: código QR, código de barras y mica ultravioleta, herramientas que son compatibles con los sistemas detectores instalados estratégicamente en diversos puntos del estado, para detectar en tiempo real cualquier vehículo con reporte de ilícito, al pasar por esos sistemas y así, poder disminuir los tiempos de respuesta.

Finalmente, el responsable de las finanzas estatales, Miguel López, señaló que si bien ya están preparados para iniciar el proceso de adquisición de las nuevas láminas, previa autorización del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), será el gobernador Salvador Jara quien decida cuándo comenzará el trámite.