Pascual Sigala y Adriana Hernández se reúnen con representantes de 600 organizaciones sociales

Morelia; Michoacán, 14 de noviembre de 2016.-  Los diputados Pascual Sigala Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y Adriana Hernández Íñiguez, diputada Presidente de la Junta de Coordinación Política del mismo, coincidieron que en medida de sus posibilidades y previo aval de los diputados del Congreso local, se buscará la viabilidad de adquirir un inmueble que permita a la diferentes organizaciones sociales desarrollar su trabajo en mejores condiciones.

En reunión con el director de Participación Social de la Secretaria de Política Social del Gobierno del Estado (Sepsol), Víctor Manuel González Salgado, así como una comisión de diferentes organizaciones sociales en la entidad, quienes en representación  de las 605 organizaciones existentes en Michoacán, acudieron al Poder Legislativo en busca de la intervención de los parlamentarios para dar solución a la problemática que enfrentan respecto a las instalaciones de la oficina operativa, y poder concretar el proyecto de adquirir un inmueble con un presupuesto de 21 millones de pesos, para sus actividades laborales.

Al respecto los legisladores acordaron que en breve gestionarán ante las autoridades correspondientes para que se liquide el adeudo por más de un millón de pesos que se adquirió con el propietario, cifra que corresponde a un año y medio de renta del inmueble que actualmente sirve de oficinas de las organizaciones y la dirección de participación ciudadana, y de no ser solventada la deuda, estos serán desalojados.

En este tenor, el diputado Pascual Sigala manifestó que Michoacán es uno de los estados con mayores complicaciones económicas, situación que lamentablemente arrastra a todos los michoacanos. Sin embargo, se debe buscar la forma que esta condición afecte lo menos posible a la sociedad, sobre todo a los más vulnerables; por ello, puntualizó que se revisará la posibilidad de redireccionar  recurso etiquetado en el presupuesto para que se destine a proyectos sociales, esto debidamente coordinado con el Gobierno del Estado.

Por su parte la diputada Adriana Hernández coincidió con su homólogo en la revisión de la viabilidad de su petición, y ofreció a los líderes organizacionales un acompañamiento continuo para que conozcan los programas de apoyo ya instituidos, así como brindar personal de apoyo para facilitarles capacitación y orientación constante.

Cabe destacar que las organizaciones sociales también solicitaron la puesta en marcha de la Ley de Fomento y Fortalecimiento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado, a lo que los parlamentarios se comprometieron a revisar, dentro de sus facultades, que en el presupuesto para el ejercicio fiscal  2017, esta cuente con los recursos necesarios para su plena implementación.