Amnistía Internacional en su informe sobre «Tortura y otros malos tratos» indica que estas prácticas son generalizadas por elementos de las fuerzas de seguridad, es decir, por policías municipales, estatales, federales y militares.

Además que las autoridades administrativas como Ministerios Públicos, autoridades judiciales y comisiones de derechos humanos de algunos estados justifican o hacen caso omiso ante este tipo de practicas que son consideradas delictivas.

La mayoría de las personas que son víctimas de estas prácticas ilegales por parte de una autoridad, son pertenecientes a grupos vulnerables, como indígenas, migrantes, mujeres y menores de edad.

En gran parte son utilizadas para obtener alguna confesión o testimonio que sirven como pruebas para fincar algún tipo de responsabilidad penal, en consecuencia se plantean juicios y condenas injustas para muchos que se encuentran privados de su libertad.

Una constante que muestra el estudio realizado por Amnistía Internacional, es la falta de castigo a los funcionarios autores de malos tratos. El estudio indica que entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de derechos Humanos recibió 7 mil 164 quejas por estas malas prácticas, pero ninguna obtuvo una sentencia condenatoria.
En el mismo documento indica que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, son menos que las presentadas durante el último año de Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, la diferencia son 609 más en el último año del sexenio pasado.

Amnistía Internacional en su informe dice que la tortura aumento desde el 2006, cuando se implemento la estrategia calderonista contra el crimen organizado, porque las quejas aumentaron en un 600 por ciento en el 2013, en relación con el 2003.