Gobierno y sociedad deberán participar para eliminar los feminicidios, afirmó la diputada Adriana Hernández, al ser entrevistada en el marco de la reunión de trabajo que sostuvieron tres comisiones legislativas con el Procurador General de Justicia del Estado.

 

Al término de la reunión convocada a partir de la propuesta presentada ante el pleno legislativo por la legisladora Socorro de la Luz Quintana León, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Adriana Hernández sostuvo que en el caso de la Procuraduría General de Justicia, su obligación es el esclarecimiento de los hechos ya ocurridos y fue en ese ámbito en el que se desarrolló el diálogo.

 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, calificó como muy provechoso el encuentro con el titular de la PGJE José Martín Godoy Castro, en el que estuvieron también los integrantes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil y destacó la importancia de mantener un canal de comunicación permanente con el Ejecutivo.

 

Consideró que uno de los aspectos a destacar de la reunión, fue la necesidad de proceder a la homologación del código penal a nivel nacional, porque al no existir similitud entre las entidades federativas en esta materia, se dificulta el trabajo de las autoridades de procuración de justicia, por lo que agregó que asumir esa responsabilidad legislativa será fundamental para mejorar los temas de seguridad.

 

La diputada por La Piedad anunció que en la próxima reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) a realizarse a finales de octubre en esta capital, se abordará el tema de la homologación de los códigos penales.

 

Recordó que la propuesta planteada por la diputada Socorro Quintana, tenía el propósito de conocer lo que está pasando en la entidad en el tema de los feminicidios, las acciones que está realizando la Procuraduría y determinar las tareas que debe realizar el órgano legislativo en la materia.

 

Finalmente y por lo que se refiere a la alerta de género, puntualizó que se trata de acatar los protocolos de seguridad y seguimiento establecidos para esos casos, por lo que las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad de plantearlos y aplicarlos y es obligación de todos, fomentar la cultura de la denuncia.