El coordinador de los diputados del PAN aseguró que Michoacán requiere de un marco normativo eficaz, que fortalezca los lazos entre instituciones y sociedad

 86.6% de los mexicanos afirma que el Gobierno Federal no cumple con brindarle derechos básicos, derivado de la corrupción y la mala administración de recursos públicos

 

Morelia, Michoacán; 29 de agosto del 2016.-  El precio de la corrupción se traduce en una mala distribución de la riqueza, rezago económico, social, así como un nulo ejercicio de los mexicanos de sus derechos más fundamentales; por ello, durante el inicio de este segundo año legislativo, la bancada del PAN presentará iniciativas que hagan un combate frontal a este mal que genera pérdidas de hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y graves costos sociales.

 

Así lo señaló el coordinador de los diputados panistas, Carlos Quintana Martínez, quien reconoció la urgencia de que Michoacán cuente con un marco normativo claro pero sobre todo eficaz, además que contemple un contrapeso social en la toma de decisiones de las instancias gubernamentales.

 

“Existe una enorme insatisfacción de los mexicanos sobre cómo el Gobierno federal está trabajando en temas como la seguridad, acceso a la salud, empleos bien remunerados y sobre todo la corrupción, por eso es prioritario que quienes estamos la función pública, atendamos y resolvamos estos problemas”, dijo.

 

Y es que de acuerdo a la última Encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, 86.6% de los mexicanos considera que el Gobierno Federal no cumple con brindarle derechos básicos como educación, alimentación y empleo, debido a un mal gobierno, corrupción y mala administración de los recursos.

 

Por ello, expuso que uno de los compromisos de Acción Nacional es implementar un Sistema Estatal Anticorrupción, donde la propuesta legislativa será sometida al escrutinio de los michoacanos, a fin de que cumpla con este sentir social, además de fortalecer los lazos entre instituciones y sociedad para que trabajen en acciones tendientes a prevenir, detectar, sancionar y arrancar de raíz la corrupción a través de la transparencia y una rendición de cuentas eficaz.