Como parte de nuestra educación se nos ha enseñado que la discriminación está en otras partes, en donde el color racial es muy evidente. Se nos ha hecho creer que en nuestro vecino país del norte a la gente de color negro tiene un trato de menor calidad que la gente de tez blanca. Incluso, la xenofobia en Europa se hace evidente en los encuentros deportivos que se transmiten por televisión, en los que participan jugadores de origen africano, pero parecería que la discriminación esta lejos en otros lugares y que en nuestro país no existe ese tipo de expresiones.

Sin embargo, un estudio realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), correspondiente a la discriminación en México en el 2012. Dan como resultado que nuestra nación sigue siendo una nación profundamente desigual, no solamente en lo económico sino también en el trato que recibe la ciudadanía, y además ya es considerada como una práctica común.

En este reporte se refleja la desigualdad con la que es tratada a la gente y en especial, a los grupos en circunstancias de discriminación, al tratar de acceder a bienes y servicios que forman parte de los derechos fundamentales.

La discriminación que se ha venido dando de manera sistemática prácticamente a través de nuestra historia, encontró un eco con la reforma constitucional del 2008, al artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que queda prohibida toda discriminación o cualquier circunstancia que atente contra la dignidad humana o pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por consiguiente la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación después de casi 5 años de haberse adicionado a nivel constitucional el tema de eliminar la discriminación. Ahora sólo falta que la Cámara de Senadores haga lo propio para que pueda ser vigente.

Sin lugar a duda la implementación de una ley con estas características, conocidas como de acciones positivas, son un gran avance en el plano normativo que pueden impulsar a los ciudadanos a recibir un trato y sobre todo la oportunidad de acceder a servicios y prestaciones a los que tienen derechos con el objetivo de garantizar la dignidad humana.

Los aspectos medulares y que son implementaciones novedosas dentro de nuestro sistema legal, es que al CONAPRED se le asignan facultades importantes, como son la facultad de imponer medidas de restitución y coaccionar en la reparación del daño a particulares que realicen actos discriminatorios. También el Consejo se le asigna la capacidad de establecer acciones afirmativas a favor de grupos en riesgo de discriminación, así como seguir medidas gubernamentales y observar reformas en el Congreso que garanticen la igualdad de las personas.

Estos avances fueron reconocidos por el presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, pero en un medio radiofónico dijo que, este ordenamiento legal únicamente tendrá efectos en el ámbito federal, pero que es necesaria una normatividad de tipo general que también obligue a los Estados y Municipios.

Una observación que hizo el titular del Consejo durante una Sesión de Trabajo Intergubernamental, al considerar que la extrema división que existe en cuanto a las responsabilidades gubernamentales en la actualidad y como se está efectuando el federalismo en México es un gran problema para el ejercicio de los derechos humanos.

Sin lugar a duda, la vigencia de una ley que norme, no nada más a las autoridades sino también a particulares actos discriminatorios es necesaria para iniciar una nueva perspectiva de forma positiva a las relaciones de personas, en cuanto al trato y propiciar un entorno que genere igualdad ante las autoridades responsables de dar servicios y prestaciones a los individuos no importando su condición de sexo, aspecto, color de piel, estatus social o económico.

Naturalmente que con la creación de normas que pretendan erradicar actos discriminatorios es insuficiente. Muestra de ello es que en los últimos 6 años se han llevado una serie de reformas con características de aspectos positivos, pero que en la práctica no se han podido llevar a cabo, sin que la gente en general haya sentido un beneficio considerable en su vida.

Además históricamente hemos sido una sociedad que tiene muy enraizada las practicas discriminatorias, esto es claramente visible en los tratos que reciben los indígenas cuando emigran a las ciudades en busca de una vida diferente, o palabras que hemos hecho cotidianas en nuestro lenguaje al referirnos a personas que sienten atracción por otras de su mismo sexo.

Por parte de las autoridades, ha sido fehaciente que no han creado los medios idóneos para que las personas puedan acceder a servicios o prestaciones que mejoren su calidad de vida, por el contrario, la población con pocos recursos materiales que se acerca a una instancia gubernamental a solicitar algún beneficio al que tiene derecho, lo que recibe se reduce a una cuestión paliativa que no resuelve su problemática.

Otro factor que incide para que no se hagan efectivos los servicios y prestaciones a los que tiene derecho todo ciudadano, atiende a una cuestión cultural. En general nosotros los mexicanos no sabemos en realidad cuales son nuestro derechos, así como no saber exigir a que se nos hagan efectivos esos derechos. En la primera consulta cívica, se tuvo como resultado que solo el 19 por ciento de la población se sentía con la libertad de opinar respecto de algunos temas.

Finalmente, lo que se ha dejado de lado es la generación de instrumentos para que los ciudadanos de manera fácil hagan valer estos derechos que se han creado en nuestras leyes, que por cierto, ya fueron reconocidas en instancias internaciones.

De aquí la importancia de que organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos y oras instituciones, deben seguir presionando para que los derechos no solo se declaren, sino que deben practicarse.